Una ola democrática parece estar recorriendo el mundo árabe. Incluso las tradicionales monarquías y emiratos árabes están cambiando a su paso. Kuwait ahora permite que las mujeres voten; Qatar ha iniciado un ambicioso programa de reformas; Bahrain ha dado muestras de tolerancia hacia manifestaciones masivas; y los EAU están permitiendo algo parecido a la prensa libre. Pero Arabia Saudita sigue desconfiando de cualquier tipo de cambio y por ello es un obstáculo enorme y aparentemente inamovible para una reforma que abarque a toda la región.

Si bien la familia reinante saudita, los al-Saud, está bajo una gran presión para seguir el ejemplo de sus vecinos, la resistencia interna a hacerlo sigue siendo muy fuerte. Así, los al-Saud han adoptado el rostro de Jano: volteando hacia un lado, la familia real alienta a los reformistas demócratas a que se expresen; volteando hacia el otro, los encarcela cuando lo hacen.

El 15 de mayo, en un juicio cerrado sin representación legal para los acusados, tres destacados reformistas – Ali Al Dumaini, un reconocido periodista y poeta y los profesores universitarios Abdullah Al Hamid y Matruk al Falih – fueron condenados y sentenciados a penas de prisión que van de los seis a los nueve años. Su delito fue hacer llamados por una monarquía constitucional. El veredicto oficial dice que amenazaron la seguridad nacional, desafiaron a la autoridad e incitaron a la opinión pública en contra del Estado utilizando terminología "extranjera", es decir, occidental.

Poco después de los ataques terroristas de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, estos reformistas liberales se unieron a otros 160 profesionistas para redactar y firmar una petición dirigida al príncipe heredero Abdullah en la que solicitaban reformas. La petición hacía un llamado a que la monarquía funcionara dentro de límites constitucionalmente definidos y por un poder judicial independiente.

Los reformistas creen que dichas medidas son la única manera en la que Arabia Saudita podrá sobrevivir a la amenaza de la violencia, la inestabilidad y la fragmentación nacional que se cierne en el horizonte. Alegan que sólo una constitución puede devolver una muy necesaria legitimidad a un sistema que se percibe ampliamente como muy corrupto e inepto.

El príncipe heredero Abdullah, el gobernante de facto de Arabia Saudita en lugar de su discapacitado medio hermano, el Rey Fahd, quiere que se le considere un campeón de las reformas. Recibió estas propuestas con agrado en enero de 2003. Pero su medio hermano y rival más poderoso, el príncipe Naif, ministro del interior, ordenó el arresto, juicio y encarcelamiento de 13 reformistas en marzo de 2004. El príncipe heredero Abdullah no se opuso en absoluto y dejó la agenda reformista que él había iniciado en el limbo político.

A fin de mantener el poder absolutista y minimizar la ira popular, los príncipes sauditas, encabezados por el príncipe Naif, pidieron a los reformistas que firmaran un acuerdo de que nunca más solicitarían reformas. El príncipe Naif prohíbe el uso mismo de la palabra "reforma" en los discursos públicos porque implica que el sistema tiene algún defecto; el término que él prefiere es "desarrollo".

De los trece reformistas arrestados, diez cedieron a sus demandas, pero los otros tres se negaron y pagaron el precio. Estuvieron en la cárcel en Riad sin representación legal hasta el veredicto final. A los que cedieron se les retiró su pasaporte, perdieron sus empleos y se les prohibió hablar con la prensa.

Bajo presión regional e internacional, la familia real ha construido una farsa reformista y mantiene el control absoluto sobre cualquier acontecimiento político. Hace unos meses, montaron unas elecciones municipales parciales y estrictamente reglamentadas, sin que se permitiera que alguna opinión independiente influyera sobre el lugar y la manera en que se condujeron las votaciones. La población femenina entera quedó excluida y sólo una cuarta parte de la población masculina cumplió los requisitos para votar. Inevitablemente los mejores resultados fueron para los islamistas wahabíes.

Los al-Saud se enfrentan a dos amenazas: una proviene de los islamistas violentos y la otra de los reformistas liberales. Todo parece indicar que temen mucho más a los reformistas. Tal vez los príncipes creen que es más fácil matar criminales "terroristas" que reprimir las exigencias de justicia social. En efecto, la comunidad internacional, en particular los Estados Unidos, aplaude las ejecuciones de islamistas violentos y asociados de al-Qaeda como éxitos en la "guerra contra el terrorismo". Pero al tiempo que cazan y eliminan a los extremistas violentos internos, están apretando silenciosamente el nudo alrededor de quienes quieren reformas moderadas. Esta represión contra los reformistas liberales pasa inadvertida en el resto del mundo, y el silencio de los Estados Unidos es particularmente notorio.

El silencio es esencial para los príncipes, puesto que lo que más les importa a los al-Saud es el apoyo de los Estados Unidos. A como están las cosas en Arabia Saudita, la administraicón Bush no tiene un aliado creíble para el cambio fuera del régimen existente. Así, a diferencia de lo que ha hecho en Ucrania, Georgia, Kirguistán y Líbano no hace nada para alentar la oposición popular. Mientras el régimen saudita satisfaga las necesidades de petróleo de los Estados Unidos y luche conta los islamistas radicales, seguirá recibiendo el apoyo y el silencio de aquel país –y con ello su consentimiento tácito.

Pero hacerse de la vista gorda es miope, para Estados Unidos y para los sauditas. Quienes hacen que las revoluciones pacíficas sean imposibles hacen que las revoluciones violentas sean inevitables. Los reformistas liberales que fueron encarcelados podrían haber allanado el camino para la transición pacífica en una Arabia Saudita reformada. Al encarcelarlos, el régimen ha dejado claro que la violencia es la única vía abierta a quienes buscan el cambio.