LA HAYA – Cuando el mundo centra la atención en la toma de posesión del primer presidente negro de los Estados Unidos y celebra un importante hito en la lucha permanente contra la igualdad racial, unos acontecimientos recientes al otro lado del Atlántico representan avances importantes en una campaña mundial conexa para acabar con la impunidad por los crímenes en masa.

En los próximos días, los jueces del Tribunal Penal Internacional de La Haya decidirán si remitir una orden de detención del Presidente del Sudán Omar al-Bashir por el crimen de genocidio y el 26 de enero el TPI iniciará su primer juicio: el de Thomas Lubanga Dyilo, antiguo señor de la guerra congoleño.

Ninguno de esos dos acontecimientos reviste una importancia transcendental, pero, juntos, esos dos pasos indican que un nuevo sistema de justicia internacional está funcionando. Los dirigentes gubernamentales y rebeldes de todo el mundo ya están avisados de que ya no se pasarán más conductas criminales.

Aunque la amenaza de procesamiento de al-Bashir ha provocado una protesta en Jartum, nadie espera que vaya a afrontar la justicia pronto. En cuanto a Lubanga, es uno de tantos que en el Congo han utilizado a civiles como peones en una guerra que ha costado más de cinco millones de vidas en el último decenio. Aunque graves, las acusaciones contra él –las de reclutar a niños soldados– no pretenden abarcar toda la diversidad de desmanes cometidos.

Cinco años después de que comenzara a funcionar el primer tribunal penal permanente del mundo,  ha hecho notar su presencia. El TPI ha iniciado cuatro investigaciones activas, ha formulado acusaciones públicas contra doce personas y hasta la fecha cuatro de ellas están detenidas.

No obstante, el Tribunal ha recibido muchas críticas por tres supuestos fallos.

En primer lugar, algunos sostienen que, al inmiscuirse en conflictos no concluidos, el TPI ha entorpecido las gestiones para conseguir la paz, pero los datos en el terreno no lo corroboran. En la Uganda septentrional, las acusaciones del TPI contra los dirigentes del rebelde Ejército de Resistencia del Señor (ERS) han contribuido a poner fin a un período de años de combates brutales y marginar al dirigente del ERS, Joseph Kony.

Asimismo, en la región de Darfur del Sudán, no ha habido proceso de paz que entorpecer, pues se sigue informando de ataques a civiles, incluso después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitiera ese asunto al TPI en 2005. Aun así, la solicitud del fiscal del TPI que se ordenara la detención de al-Bashir, anunciada el pasado mes de julio, no ha provocado la tan ampliamente temida aplicación de medidas severas contra las organizaciones humanitarias. Al contrario, puede que haya provocado la detención de un acusado de nivel inferior por crímenes cometidos en Darfur. En una palabra, lo que hace falta para contribuir a poner fin a la violencia son más medidas judiciales y no menos.

En segundo lugar, se ha dicho que el TPI se ha prestado a convertirse en un instrumento de dirigentes políticos nacionales. El hecho de que los gobiernos nacionales remitieran tres de cuatro de las causas activas del Tribunal y en cada una de ellas sólo se haya acusado hasta ahora a rebeldes armados y adversarios de gobiernos ha contribuido a esa impresión.

Tal vez la mayor dificultad para el TPI sea la de surcar esas aguas que dividen la ley de la política. Por otra parte, las medidas adoptadas por el Tribunal con frecuencia tienen consecuencias políticas: por bien fundamentadas que estén, acusar al dirigente de un ejército rebelde puede parecer una toma de partido en un conflicto. Por otra parte, el Tribunal no puede acusar –ni dejar de hacerlo– a un funcionario político superior o a un oficial del ejército responsables de crímenes graves sólo para evitar repercusiones políticas. Tampoco sería apropiado, en los casos en que la gravedad y la escala de los crímenes difieran materialmente, acusar a todos los bandos de un conflicto para preservar una falsa sensación de paridad.

Esas dos quejas reflejan una tercera: incomodidad por que el Tribunal se haya centrado abrumadoramente en África. Algunos dicen que se trata de un ejemplo más de aplicación a África por parte de instituciones occidentales de principios que no se aplican a sí mismas. La larga historia de explotación de África exige que no se deseche sin más ni más esa preocupación.

No obstante, África es el escenario de muchos de los peores conflictos del mundo. Tampoco el TPI es un órgano extranjero. Treinta Estados africanos han ratificado el estatuto por el que se rige el TPI y varios de los dieciocho jueces del Tribunal proceden de África, como también una porción importante de su personal. Aun así, el Tribunal no debe vacilar en actuar fuera de África cuando atrocidades en masa requieran reparación.

La experiencia de otros tribunales encargados de juzgar crímenes de guerra indica que se puede tardar años en superar las cuestiones relativas a la parcialidad política. Sólo demostrando profesionalidad en su trabajo y disposición a considerar responsables a altos cargos gubernamentales en los casos pertinentes puede el TPI granjearse un apoyo amplio y duradero.

Con el tiempo, el ejemplo del TPI debe fomentar procesamientos más eficaces por crímenes graves en los niveles nacional y regional, como, por ejemplo, genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. De momento, la mejor forma como el Tribunal puede abordar el escepticismo es la de explicarse más frecuente y transparentemente –sus decisiones, su mandato y sus limitaciones– a un público mundial ante el que en última instancia debe responder.