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El dilema de la deuda de África

El éxito que el Presidente de los EEUU, George W. Bush, y su enviado especial, el ex Secretario de Estado James Baker, consiguieron al gestionar que la deuda externa de Irak fuera cancelada o reprogramada demuestra lo que se puede hacer cuando la acción del gobierno está respaldada por una voluntad política. El contraste con las deudas de África no puede ser más claro. Hace sólo tres años, el Jubileo 2000 hizo noticia cuando grupos de la sociedad civil, estrellas de rock y unos cuantos ministros de finanzas, como el británico Gordon Brown, hicieron presión para que se cancelara la deuda africana. El Presidente Bush, en gran parte, tuvo éxito en su cruzada; el Jubileo 2000 logró principalmente promesas vacías.

Por supuesto, ambas campañas se encontraron con diferentes obstáculos y tuvieron distintas bases de apoyo. La misión de Baker disfrutaba del respaldo ilimitado de unos Estados Unidos enfrentados al gigantesco costo de reconstruir Irak; el Jubileo 2000 solo tenía el apoyo de la opinión pública mundial. Los lucrativos contratos para la reconstrucción de Irak dieron a Estados Unidos una posición ventajosa desde la cual obligar a sus aliados a someterse; el Jubileo 2000 no tenía medios de persuasión tan poderosos.

Finalmente, Baker apelaba a los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa y el Oriente Próximo, que precisan de la amistad estadounidense en muchas áreas. La campaña para perdonar la deuda de África, por otra parte, estaba centrada en la agobiante carga de lo adeudado por los países africanos al FMI y al Banco Mundial, que sólo tenían que preocuparse por el dinero. Con todo, las protestas callejeras de la campaña del Jubileo dieron inicio a un saludable debate acerca de los programas de préstamos del FMI y el Banco Mundial.

Pero ha llegado el momento de abandonar el enfoque humanitario del movimiento del Jubileo y centrarnos, en su lugar, en los aspectos legales. Vale la pena recordar que ningún país del África al sur del Sahara, con las excepciones de Sudáfrica y Rhodesia (hoy Zimbabwe), en ese entonces administrados por gobiernos de minoría blanca, tuvo acceso a los mercados de capitales internacionales a principios de la década de 1960. Los mercados de capitales locales eran inexistentes. Como resultado, esos países no tuvieron otra opción que subcontratar su desarrollo al FMI y al Banco Mundial.

Estas instituciones identificaron, evaluaron, aprobaron y financiaron proyectos que elevaron la deuda africana. Monitorearon y dictaminaron la contratación de consultores que realizaron los estudios relacionados con estos proyectos, así como personal extranjero a cargo de participar en su ejecución. Durante el periodo de implementación, regularmente llevaron a cabo misiones de supervisión complementadas con informes de avance trimestrales y auditorias anuales.

Aun así, a pesar de todas estas costosas medidas pagadas por los africanos, todos los informes post-evaluación de los proyectos completados indicaban que, en su abrumadora mayoría, los proyectos eran incapaces de generar los ingresos necesarios para pagar las deudas que los financiaban. Pero los países deudores, no obstante, están obligados a pagar estas deudas mediante cualquier medio que sea necesario, incluso la toma de más préstamos y un mayor entrampamiento, generando una profundización de la pobreza. Por ejemplo, el crecimiento per cápita de Costa de Marfil y Ghana entre 1965 y 1998 fue de -0.8, -0.1 en Guinea Bissau, -2 en Zambia y Mauritania, y cero en Nigeria.

¿Qué anduvo mal? Los prestatarios multilaterales promovieron una estrategia de desarrollo basada en la teoría de las ventajas comparativas y una liberalización económica sin trabas. África tuvo que abrir sus mercados, mientras producía materias primas y productos básicos para generar ingresos destinados a la inversión en la industria, la educación, la salud y la producción de alimentos. Ocurrió que estos supuestos estaban equivocados, ya que los precios de las exportaciones cayeron de manera constante a lo largo de cuatro décadas.

Pero debería haber sido obvio desde el comienzo que la estrategia del FMI y el Banco Mundial estaba condenada a fracasar. Todas las naciones desarrolladas protegieron y subsidiaron su producción local en las primeras fases de su desarrollo y todavía hacen lo que les parece más conveniente.

Más aún, los Estados Unidos, los estados miembros de la UE y los países del este de Asia, sin excepción, regularon el ingreso de inversiones extranjeras e impusieron controles a los capitales. Las asociaciones con compañías extranjeras estaban diseñadas para permitir que las empresas locales se beneficiaran de la capacitación y la transferencia de tecnología, al tiempo que se creaban las condiciones mas favorables para que los productores locales añadieran valor a la producción local y a las exportaciones.

Frente a estos hechos innegables, el camino elegido por el FMI y el Banco Mundial fue, en el mejor de los casos, una prueba de su incompetencia y, en el peor, una trama deliberada para mantener en una camisa de fuerza a los países del sur del Sahara y su población. Cualquiera sea el caso, ciertamente ambas instituciones tienen mucho que responder, y los contratos de los préstamos prevén una cláusula de arbitraje para hacer que rindan cuentas. Todavía falta invocar estas cláusulas, pero en aras de la unidad y el fortalecimiento de la solidaridad de los países africanos, seria aconsejable que la naciente Unión Africana tome la iniciativa.

La UA debería asesorarse jurídicamente, hacer que el tema se incluya en el temario de la Asamblea General de la ONU, promover el congelamiento de los pagos internacionales de la deuda mientras se llevan a cabo los procedimientos de arbitraje y asegurarse el apoyo de la comunidad internacional, especialmente las ONG que tienen un historial de concientización acerca de las deudas de África. Todas las compensaciones que se logren a través de tales procedimientos legales se deberían usar para crear un fondo monetario africano, cuyo objetivo sea acelerar una completa integración regional de África, permitiendo que el continente aproveche las características positivas de la globalización.

Los litigios pueden ser costosos e inciertos. Sin embargo, puesta frente a la alternativa de depender de limosnas dictadas por la desesperación y los frecuentes episodios de autodestrucción colectiva, África debe elegir la opción legal para revitalizar el espíritu de sus pueblos y rescatar su proceso de desarrollo.

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