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Las aterrorizadas mujeres del Afganistán

KABUL – Recientemente, la oficina de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Afganistán (CIDHA) de la provincia de Kudoz informó del rescate de una joven que había estado presa en una mazmorra de sus suegros durante siete meses. Sahar Gul, de quince años de edad, fue obligada a casarse con un hombre mayor que presta servicio en el ejército afgano. Después la familia de su marido la mantuvo en la mazmorra y la torturó brutalmente durante meses, porque se negó a trabajar de prostituta.

En los diez últimos años, la CIDHA ha recibido más de 19.000 denuncias relativas a violencia contra las mujeres. Pese a haber logrado algunos avances en la investigación de dichas denuncias y su remisión al sistema judicial, además de haber contribuido a la sensibilización a ese respecto, las dificultades siguen siendo enormes.

Desde 2002, se han adoptado muchas medidas para mejorar la vida de las mujeres en el Afganistán. El país ha promulgado varias leyes nuevas y ha establecido un marco jurídico bastante avanzado para poner fin a la discriminación contra las mujeres, incluida una nueva ley que tipifica como delito cualquier acto que entrañe violencia contra las mujeres.

Pero las leyes y las políticas no son suficientes por sí solas para proteger a las mujeres de unos horrendos malos tratos domésticos. De hecho, el caso Gul no es el único del que se ha hablado mucho públicamente. También hubo el de Gulnaz, una joven que fue encarcelada como adúltera después de haber sido violada por un pariente (recientemente ha sido liberada tras concedérsele un perdón presidencial, pero puede verse obligada a casarse con su atacante). El marido de otra joven, Aisha, le cortó la nariz y los oídos, cuando se escapó de su casa.

La violencia contra las mujeres en el Afganistán persiste por muchas razones. En primer lugar, el país ha heredado una tradición patriarcal tribal que da por sentada la inferioridad de las mujeres. Así, pues, las mujeres están privadas de sus derechos y libertades básicos.

En segundo lugar, hay un fuerte incentivo político para la privación a las mujeres de sus derechos. Los grupos radicales reciben un apoyo inmenso del gran porcentaje de la población que se opone a los derechos de las mujeres. Los talibanes, por ejemplo, han recurrido constantemente a una política contra las mujeres para atraerse a la población tribal y rural.

En tercer lugar, se consideran más importantes el orgullo y el honor de la familia que el bienestar y la seguridad individuales de una mujer. Por ejemplo, si los familiares golpean o maltratan a una mujer, ésta dispone de pocas opciones. Con frecuencia, la única es permanecer callada o correr el riesgo de desacreditar a la familia. Si denuncia el caso a las autoridades, se puede afirmar casi con toda seguridad que nunca se investigará apropiadamente ni se procesará a los autores. Gul, por ejemplo, denunció ante la policía a sus maltratadores suegros, pero, cuando algunos de los contactos influyentes de estos últimos intervinieron, se la obligó a volver con la familia.

En cuarto lugar, con frecuencia se aplican las leyes arbitrariamente y la sharia (la ley islámica) muchas veces tiene prelación sobre la legislación civil, a consecuencia de lo cual existe una impunidad generalizada en el caso de los delitos de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, en octubre de 2010, el Tribunal Supremo del Afganistán resolvió que se podía acusar del delito de prostitución a las mujeres que escapasen de su casa, a no ser que se presentaran ante la policía o en la casa de un familiar cercano. Esa mentalidad es la que propició la victimización de Gul.

Por último, si bien los talibanes perdieron el poder hace diez años, la discriminación y la violencia contra las mujeres ha existido en la sociedad afgana durante siglos. Así, pues, pese a la consecución de algunos avances, la sensibilidad pública y oficial ante la violencia contra las mujeres va surgiendo muy lentamente.

El Gobierno del Afganistán debe adoptar varias medidas para proteger plenamente a las mujeres. Por encima de todo, se debe procesar y juzgar conforme a la ley a los autores de violencia contra las mujeres, para lo que será necesario fortalecer el Estado de derecho y acabar con la tradicional impunidad prevaleciente.

Para ello, será necesario, a su vez, educar mejor al público en materia de derechos humanos y derechos de las mujeres mediante libros de texto, cursos de educación permanente y una campañas sólidas en los medios de comunicación.  También será necesario persuadir a los representantes y a las autoridades para que formulen políticas y asignen ingresos presupuestarios a la lucha contra la violencia que padecen las mujeres y formar a la policía y a los jueces para que se ocupen de los casos de violencia contra las mujeres sin ceder ante las alegaciones relativas al honor de la familia. Tal vez lo más importante de todo sea fiscalizar, si no prohibir pura y simplemente, los sistemas judiciales no constitucionales, como la sharia.

En cuanto a Sahar Gul, se debe investigar exhaustivamente su caso y la policía y la judicatura deben comprometerse a llevar a sus torturadores ante la justicia. Además, se deben estudiar el caso de Gul y otros similares para entender las raíces de semejantes delitos. Mientras los dirigentes del Afganistán no empiecen a abordar ese problema en serio, nuestro país seguirá llevando la cicatriz de la violencia contra las mujeres en su rostro.