Nueva York – Esta semana, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debatirá el informe de la misión investigadora encabezada por el Juez Richard Goldstone acerca de las violaciones a los derechos humanos en el conflicto de Gaza. Esperemos que se trate de un examen completo y justo de sus conclusiones y recomendaciones.

Goldstone y su equipo concluyeron que tanto Israel como Hamás, el grupo palestino que controla Gaza, cometieron crímenes de guerra y, posiblemente, crímenes contra la humanidad durante el periodo del conflicto cubierto por la investigación. El informe llama a realizar investigaciones creíbles de las supuestas violaciones a los derechos humanos y recomienda que el Consejo de Seguridad de la ONU pida a ambos bandos que presenten contrainformes dentro de seis meses después de entregados los resultados, en los que incluyan los procesos judiciales que emprendan en relación con las violaciones identificadas. En opinión de la Comisión Goldstone, si así no lo hacen, el Consejo de Seguridad debería referir el asunto al fiscal del Tribunal Penal Internacional en La Haya.

Lamentablemente, en lugar de debatir las detalladas conclusiones que Goldstone ha presentado y el mérito de sus recomendaciones sobre los pasos a emprender, hay señales de que los gobiernos pueden terminar centrándose en el proceso que condujo a la realización de la investigación y buscar limitar su pleno debate. Como participante de este proceso, siento que es importante poner por escrito mis opiniones al respecto, ya que algunos comentarios míos se están utilizando como parte de los intentos por desacreditar al Juez Goldstone y su importante labor.

Decliné aceptar la invitación del presidente del Consejo de Derechos Humanos de ese momento, el embajador Martin Uhomoibhi de Nigeria, para encabezar la investigación tras la resolución del 12 de enero de 2009 del Consejo de Derechos Humanos. Como ex Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, tengo la convicción de que la resolución del Consejo fue parcial y no permitió una mirada equilibrada para determinar la situación en terreno. Se refirió sólo a las "graves violaciones a los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, particularmente debido a los recientes ataques del ejército israelí", y llamó a la creación de una misión que investigara "todas las violaciones a las leyes de derechos humanos por parte del país ocupante, Israel, contra el pueblo palestino".

Sabía también que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU había condenado repetidamente a Israel a lo largo de los últimos dos años, pero había prestado poca atención a violaciones a gran escala a los derechos humanos en otros países. Este patrón de acción e inacción ha dado mayor crédito a quienes creen que la más alta entidad de la ONU sobre derechos humanos tiene un sesgo intrínsecamente antiisraelita.

Por esas razones, decidí que no podía aceptar encabezar la misión. Sé que el Juez Goldstone, un dedicado e impecable abogado y promotor de los derechos humanos, tenía inquietudes similares cuando se le hizo la propuesta inicial. Sin embargo, pudo llegar a un acuerdo con el presidente del Consejo que le diera confianza de que se permitiría que el mandato se interpretara de modos que permitieran a su equipo abordar los hechos cometidos por ambas partes del conflicto.

Los expertos pueden debatir si esto estuvo en conformidad con las reglas y los procedimientos de la ONU. No tengo dudas de que quienes tuvieron participación en estas conversaciones lo hicieron buscando un modo de hacer posible una investigación completa y ayudar a superar las divisiones políticas que socavan en la actualidad al Consejo de Derechos Humanos dentro del sistema de la ONU.

La pregunta ahora es si los gobiernos darán a las conclusiones del Juez Goldstone la atención que merecen, o bien caerán en una postura excesivamente política. Como deja claro el informe de Goldstone:

Tanto los palestinos como los israelíes sienten una rabia legítima por las vidas que están obligados a vivir: para los palestinos, la rabia acerca de acontecimientos individuales -las víctimas civiles, los daños y destrucción en Gaza tras los ataques militares, el bloqueo, la construcción del Muro fuera de los límites de 1967- alimentó una rabia subyacente por la continua ocupación israelí, sus humillaciones cotidianas y su derecho a la autodeterminación, todavía incumplido. Para los israelíes, las declaraciones públicas de grupos armados palestinos celebrando ataques con cohetes y morteros contra civiles fortalecen una muy arraigada preocupación de que las negociaciones den escasos frutos y que la existencia de su nación siga bajo una constante amenazada, frente a lo cual no les queda más que proteger a su pueblo. De esta manera, tanto los israelíes como los palestinos tienen el secreto temor –que para algunos es una creencia-de que el otro no tiene intenciones de aceptar su derecho a existir como país. Desgraciadamente, hay muchos políticos que representan hábilmente esta rabia y este temor (párrafo, 1705).

Por el bien de los derechos humanos y la paz en la región, abrigo la esperanza de que la comunidad internacional tenga en cuenta estas circunstancias, sopese el informe del Juez Goldstone íntegramente y presione para que quienes cometieron los crímenes más serios respondan por sus actos.