NUEVA YORK –  En cierto modo, el revuelo causado por la decisión del Tribunal Penal Internacional (TPI) de procesar al Presidente del Sudán, Omar al-Bashir, por crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad en Darfur es una sorpresa. Al fin y al cabo, el Tribunal no dispone de medios propios para detener a nadie en el Sudán y mucho menos a un Jefe de Estado que es el comandante de las fuerzas armadas. Tampoco existe posibilidad alguna de que alguien intervenga en el Sudán para hacerlo. Si bien el fiscal jefe del TPI, Luis Moreno Ocampo, ha expresado su confianza en que Bashir será llevado ante la justicia, no está claro cómo se hará, pero podría suceder.

Pese a la aparente impotencia del TPI, los dirigentes de muchos gobiernos se han esforzado al máximo para paralizar el procesamiento. No parece preocuparles que las acusaciones pudieran ser injustas, sino que parecen demostrar solidaridad con un colega jefe de Estado.

Entre quienes denuncian el intento de juzgar a Bashir figuran los grandes bloques de países que son miembros de la Organización de la Conferencia Islámica y la Unión Africana, junto con Estados poderosos, como, por ejemplo, China y Rusia. Sólo podemos hacer suposiciones sobre si algunos de los que participan de esa actitud están motivados por la preocupación por que ellos mismos afronten algún día acusaciones como las lanzadas contra Bashir por los jueces del TPI.

Aunque Bashir podría evitar su detención simplemente limitando sus viajes internacionales, la conmoción provocada por la inculpación no es irracional. Las acusaciones tienen un poderoso efecto estigmatizador.

El hecho de que un equipo de jueces que representan a los 108 Estados que son partes en el TPI haya acusado a Bashir de la principal responsabilidad por los crímenes cometidos en Darfur durante los seis últimos años socava la legitimidad de su continuidad en el gobierno. Dichos crímenes han causado más de 300.000 muertes y han desplazado por la fuerza a al menos otros 2,7 millones de personas. Aun cuando los colegas jefes de Estado de Bashir lograran persuadir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que aplazase el procesamiento, cosa sumamente improbable, las acusaciones seguirán cerniéndose sobre la cabeza de Bashir, salvo que sea sometido a juicio y hasta que así sea.

En 1999, un tribunal penal internacional acusó a otro jefe de Estado en activo, Slobodan Milosevic, de la República Federal de Yugoslavia. Aunque en aquel momento éste parecía estar seguro, un año y medio después fue enviado a la La Haya para ser sometido a juicio. Asimismo, en 2003, un tribunal penal internacional acusó al entonces Presidente de Nigeria, Charles Taylor. Unos meses después, tuvo que huir de Liberia y al principio recibió asilo en Nigeria, pero ahora está sometido a juicio en La Haya. Cuando se dictaron esas acusaciones, nadie habría podido prever cómo evolucionarían los acontecimientos; retrospectivamente, es evidente que los efectos deslegitimadores de las inculpaciones tuvieron consecuencias importantes.

Naturalmente, los propios fiscal y jueces del TPI corren un riesgo importante con la inculpación de Bashir. Se trata de un tribunal que acaba de nacer y, al suscitar la antipatía de los numerosos dirigentes gubernamentales que expresan su solidaridad con Bashir, podría poner en peligro su futuro.

Sin embargo, se debe reconocer que el personal del Tribunal está cumpliendo con su deber. El tratado por el que se crea el TPI declara explícitamente que los jefes de Estado no gozan de inmunidad y fue el Consejo de Seguridad el que remitió el caso de Darfur al Tribunal en 2005. Era una investigación que se debía hacer y quienes resultaran tener el mayor nivel de responsabilidad por los crímenes debían ser procesados.

Muchos de los que ahora ponen objeciones al procesamiento de Bashir participaron en las decisiones que condujeron a la acusación. Si la acusación formulada por el TPI los incomoda ahora, es sólo porque no preveían que el Tribunal cumpliría con el deber que ellos mismos le asignaron.