BRUSELAS – Al comienzo de la crisis financiera, se dijo de los bancos lo que con agudeza señaló Charles Goodhart: “aunque en vida puedan ser internacionales, se vuelven nacionales en la muerte”. En aquel momento (2008-2009), grandes bancos internacionales se encontraron en problemas y fue necesario que sus propios gobiernos nacionales los rescataran. Pero ahora Europa enfrenta el problema opuesto: los bancos son “nacionales en vida, pero europeos en la muerte”.

En España, por ejemplo, los bancos de ahorro locales (las “cajas”) financiaron un auge inmobiliario desmedido que, al transformarse en caída, provocó pérdidas de tal magnitud que amenazaron con superar la capacidad del estado español; se convirtió entonces en un problema de Europa, porque ponía en riesgo la supervivencia misma del euro.

El caso de España es sintomático de un problema más amplio. Las autoridades encargadas de la supervisión bancaria en cada país siempre tienden a minimizar los problemas internos, porque el instinto (y el interés burocrático) los llevan a defender a sus “megabancos nacionales” en el extranjero.

Pero esa resistencia a reconocer los problemas locales no se queda allí. Las autoridades españolas aseguraban hasta hace poco que los problemas del sector inmobiliario en España eran temporales. Reconocer la verdad los hubiera obligado a admitir que durante varios años no advirtieron la formación de una burbuja inmobiliaria insostenible que ahora pone a todo el país en riesgo de bancarrota.

En el caso de Irlanda, al principio la situación no era muy diferente. Cuando empezaron a aparecer los problemas, el que era entonces ministro de finanzas todavía afirmaba que el país realizaría “el rescate bancario más barato de la historia”.

Conociendo la tendencia de los supervisores nacionales a no reconocer los problemas internos, parece natural que cada país se haga cargo del costo de salvar a los bancos insolventes. Por eso, también pareció razonable que, incluso dentro de la eurozona, la supervisión bancaria se haya mantenido en gran medida dentro de la órbita nacional. La Autoridad Bancaria Europea, que se creó hace poco, tiene poderes limitados sobre los supervisores nacionales; estos, en sus labores diarias, se guían básicamente por consideraciones nacionales.

Pero la realidad ha demostrado que este modo de hacer las cosas no es sostenible. Puede ser que los problemas comiencen en el nivel nacional, pero la existencia de la unión monetaria lleva a que en poco tiempo se conviertan en una amenaza para la estabilidad de todo el sistema bancario de la eurozona.

En su reunión cumbre de junio, los líderes europeos finalmente reconocieron la necesidad de corregir la situación y transferir al Banco Central Europeo la responsabilidad de la supervisión bancaria en la eurozona. Visto el grado de integración financiera que se da dentro de la unión monetaria, poner al BCE a cargo era una decisión obvia.

Además, el BCE ya es responsable de facto por la estabilidad del sistema bancario europeo; pero hasta ahora, tenía que prestar enormes sumas de dinero a otros bancos sin poder evaluar su situación financiera, porque toda la información pertinente estaba en manos de autoridades nacionales que la guardaban celosamente y que, por lo general, negaban que hubiera algún problema hasta que ya era demasiado tarde.

Conferir esta autoridad al BCE también debería ayudar a detener el proceso de desintegración que acecha a la eurozona, un proceso que aunque no sea muy visible, es bien real: basta preguntar en cualquiera de los grandes grupos bancarios internacionales con sede en un país de la eurozona que enfrenta dificultades financieras.

Pensemos en un banco italiano que, además, tiene una filial importante en Alemania. Como es natural, las operaciones que lleva a cabo en este segundo país le generan un excedente de fondos (porque en Alemania, el ahorro supera con creces la inversión en término medio). La casa matriz querrá usar esos fondos para reforzar la liquidez del grupo, pero como las autoridades de supervisión alemanas consideran que Italia está en riesgo, se oponen a cualquier transferencia. En tanto, el interés de las autoridades italianas es opuesto: desean el mayor nivel de actividad posible en el “mercado interno de capitales”. Hay aquí un conflicto de intereses, y también es razonable que el BCE sea el encargado de dirimirlo actuando como un árbitro neutral.

Pero aunque poner la supervisión de los bancos en la órbita del BCE resuelva un problema, crea otro: ¿se puede exigir a las autoridades nacionales que se hagan cargo de rescatar bancos que ya no supervisan?

Pronto, la lógica económica (y política) obligará a la eurozona a implementar un fondo de rescate bancario común. Todavía no se admite de manera oficial, pero es así como, a menudo, avanza la integración europea: se da un paso incompleto en un área y más tarde ese paso obliga a dar otros en áreas relacionadas. Este método de construcción progresiva funcionó bien en el pasado y de hecho, así se creó la Unión Europea que hoy conocemos.

Pero en una crisis financiera no hay tanto tiempo para que los responsables políticos expliquen a los votantes por qué un paso obliga a dar el siguiente. Tendrán que caminar a un ritmo mucho más veloz para poder salvar al euro.

Traducción: Esteban Flamini